Bitácora Semanal, Sábado 17 de diciembre de 2016
Por Alfredo PÉREZ DÍAZ
LA NOTICIA: #GuerraAntidrogas. Un reportaje del periodista David Brooks, revela que el presidente Richard M. Nixon lanzó la guerra contra las drogas en 1971 para reprimir a sus opositores y cita la confesión de John Ehrlichman, principal asesor de política interior del mandatario estadounidense a Dan Baum de la revista Harper’s, de que el mandatario estadounidense proclamó el abuso de estupefacientes como “Enemigo Público Número Uno”; promulgó leyes para implementar esas políticas y creó la agencia antinarcóticos (DEA), “para perseguir a quienes lo criticaban por la guerra en Vietnam, asociarlos con el consumo y venta de enervantes, para arrestar a sus líderes, efectuar redadas, irrumpir en sus reuniones y criminalizarlos día tras día en los noticiarios de la tarde”. (La Jornada, 28/03/16).
Esta guerra fue secundada por la mayoría de los países latinoamericanos y en México, tras ingresar por una puerta trasera al Palacio Legislativo el 1 de diciembre de 2006 para rendir protesta como presidente, luego de una dudosa elección y en medio de gran rechazo, Felipe Calderón buscó legitimarse al lanzar 11 días después su guerra contra las drogas, con el envío de seis mil 500 efectivos militares a Michoacán, que en pocos meses se convirtieron en 45 mil en ocho entidades y luego se inició la modalidad de desplazar grandes contingentes por semanas a los puntos álgidos.
Una guerra que se volvió de todos, una guerra que perdura a 10 años de distancia a pesar de sus magros resultados y enorme costo, no sólo en recursos económicos desviados de otros rubros, sino lo peor, alrededor de 200 mil vidas, más de 30 mil desaparecidos, reguero de fosas clandestinas, descuartizados y “pozoleros” por todo el país y lo que se observa claramente es que se ha incrementado el consumo interno de enervantes, han proliferado las bandas criminales que ha marcado con su mala fama a los mexicanos.
EL COMENTARIO: Calderón arrancó esta guerra en su tierra natal para acabar con los Caballeros Templarios, en un episodio que la historia registra como “El Michoacanazo”, donde encarceló a 38 funcionarios estatales, jefes policiacos y alcaldes a quienes no les pudieron probar los cargos y meses después salieron libres, y desde entonces, ese estado tan hermoso y productivo, no ha podido recuperar la paz.
LA NOTICIA: #TemporalidadIndefinida. Reiteradamente se dijo que el sacar al ejército a las calles era una medida temporal, en tanto se procedía a profesionalizar a las corporaciones policiacas federales, estatales y municipales.
El 2 de enero de 2009 se entró en vigor la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que obligaba a los agentes del Ministerio Público, peritos y policías de todo el país a contar en un plazo máximo de cuatro años con sus certificados de evaluación y control de confianza, profesionalización que ha sido postergada una y otra vez, lo mismo que las discusiones para el mando único.
La Policía Federal (PF) se creó el 29 de abril de 2009 en substitución de la Preventiva -que había creado el presidente Ernesto Zedillo en 1999. En la Ley respectiva los legisladores permitieron operaciones encubiertas y de “usuarios simulados para la prevención de delitos”, lo mismo agentes sin uniforme en casos necesarios; utilizar información de los tres órdenes de gobierno e información satelital de los concesionarios de las empresas telefónicas para localizar a sospechosos y prevenir delitos” y “acciones de vigilancia, identificación, monitoreo y rastreo en la Red Pública de Internet sobre sitios web con el fin de prevenir conductas delictivas”.
EL COMENTARIO: La principal crítica que se formuló entonces al Congreso de la Unión es que había fallado al “entregar poderes que escalan los riesgos en el operar policial de manera exponencial y omiten asegurar la reconstrucción de los sistemas policiales de control”. ¿Y todo para qué? A principios del 2011, el director del Instituto para la seguridad y la Democracia (INSYDE), Ernesto López Portillo reveló que “A pesar de que oficialmente se ha negado la militarización de corporaciones policiales del país, más de un centenar de elementos de alto rango —activos o en retiro— ocupan los principales cargos de seguridad pública en estados y municipios, en sustitución de mandos civiles, por el incremento de la violencia y la permeabilidad de las policías por el crimen organizado”, sin embargo, aunque “la presencia militar en mandos civiles se generalizó, esto no representa un cambio estructural, sino un endurecimiento de la policía”.
LA NOTICIA: #MasCárcelYCorrupción. Se planteó desde entonces como meta unificar mandos y políticas de seguridad entre las corporaciones federales, las policías preventivas, judiciales o ministeriales de los 32 estados de la República y las dos mil 478 municipales, pero eso sigue en el rubro de prueba no superada y en el Poder Legislativo iniciativas en ese sentido duermen el sueño de los justos.
Las penalidades aumentaron considerablemente en los principales delitos, que a decir de los expertos incrementaron en proporción geométrica la corrupción en las esferas policiaca y judicial y el negocio para los litigantes, y sí, las cárceles están repletas de menudistas pobres, y a contrapelo no se ha cumplido la demanda de que las autoridades además de perseguir a productores y traficantes de drogas, enfoquen al tema como una cuestión de salud pública y de derechos humanos, impulsando el desarrollo socioeconómico, buscando alternativas agropecuarias rentables para que los campesinos dejen de sembrar amapola y marihuana, aunque en vez de esto, cada vez se han reducido más los apoyos al campo.
EL COMENTARIO: Hubo cambio de hombres y de nombres, los encargados de imagen pública evitaron el término “guerra contra las drogas”, pero la cosa siguió igual, moviendo contingentes militares y policiacos de un punto de conflicto a otro, con acciones muy criticadas entre ellas la designación como asesor personal de seguridad al general Óscar Naranjo -ex director de la Policía de Colombia- y de Alfredo Castillo como comisionado federal en Michoacán, que armaron a sicarios, los revolvieron con “autodefensas” y afectaron seriamente a la producción agropecuaria -aguacate y limón, principalmente-, minera, artesanal y turística.
LA NOTICIA: #IncredulidadCiudadana. Algunos funcionarios consideran que un buen gobierno reside en spots bien diseñados que se prodigan en los medios electrónicos y así se llevan los trienios y sexenios a puro golpe de propaganda, el problema es que ya nadie les cree, según se desprende de la Encuesta Nacional de Transparencia y Acceso a la Información del INEGI, presentada el lunes durante la sesión del Sistema Nacional de Transparencia (SNT): Más del 75 por ciento de los ciudadanos desconfían de los datos gubernamentales en materia de seguridad y narcotráfico, del desempeño de los gobiernos, las elecciones (77.8%), del uso de recursos públicos (76%), del combate a la pobreza (74.9), del estado de la economía (72%) y contratos para obras públicas (63.4%). L
a Encuesta revela también que es muy alto el número de ciudadanos que consideran que la información oficial “se manipula” (82.4%), que “no coincide con la realidad” (71.4%), que “está incompleta” (68.9%) y que “es falsa” (58.5%).
EL COMENTARIO: La Encuesta Nacional de Seguridad 2016, efectuada en 35 ciudades del país en marzo pasado por el INEGI, reveló el alto grado de inseguridad que perciben los mexicanos, pues 80 por ciento consideró inseguros los cajeros automáticos; 72 por ciento el transporte público; 64.8 por ciento los bancos; 61.3 por ciento las calles que habitualmente utiliza y esta percepción de inseguridad abarcó mercados, parques recreativos, automóviles, carreteras y aunque en niveles menores, se extendió a planteles escolares, centros de trabajo y aún las casas.
LA NOTICIA: #DisgustoMilitar. El disgusto con la situación no es exclusivo de los ciudadanos y la semana pasada, el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, declaró que “Los militares no estudiamos para perseguir delincuentes”. “Quieren que estemos en los cuarteles, adelante, yo sería el primero en levantar no una, las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales. Nosotros… no pedimos estar ahí, no nos sentimos a gusto, ninguno de los que estamos con ustedes aquí estudiamos para perseguir delincuentes. Nuestra idea, nuestra función es otra y se está desnaturalizando, estamos haciendo tareas que no nos corresponden porque no hay quien las pueda hacer”, dijo.
No le falta razón al general secretario, pues la Constitución les asigna como tareas el resguardo de la soberanía nacional e integridad territorial y en la guerra contra las drogas han perdido la vida 114 militares, como en el episodio de Casimiro Castillo y Villa Purificación, Jalisco, donde ocho elementos y una policía federal murieron el 1 de mayo de 2015, cuando criminales derribaron un helicóptero, o en la emboscada a un convoy militar que trasladaba a un delincuente de Badiraguato a Culiacán, Sinaloa, con saldo de cinco militares calcinados y 10 heridos, y que por la saña utilizada el general Cienfuegos calificó a los agresores como “enfermos, insanos, bestias y criminales”.
EL COMENTARIO: También, por la guerra contra las drogas, el instituto armado se ha visto envuelto en acusaciones por violaciones a los derechos humanos como en Tlatlaya, estado de México,o los 43 normalistas de Ayotzinapa y las conclusiones de la periodista Anabel Hernández en su reciente libro “La verdadera noche de Iguala”, de la editorial Penguin Random House a través de su sello Grijalbo. Así las cosas, los legisladores pretenden aprobar en un periodo extraordinario la Ley de Seguridad Interior. Y lo difícil serán los primeros 20 o 30 años.
Hay más, pero se nos termina el espacio. Nos vemos la próxima semana.
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