Extinguen Aseo Público; el Municipio concesiona el servicio a una empresa
-Zapotlán pagará 1.8 millones de pesos al mes a Scraps, Trading and Recycling
-El contrato tendrá vigencia de 25 años
CIUDAD GUZMÁN, JAL., (ES).- Durante los próximos 25 años, la recolección de basura en Zapotlán el Grande correrá a cargo de la iniciativa privada; servicio por el que las arcas municipales están condicionadas a desembolsar un millón 833 mil pesos por mes.
Así lo votó a favor una mayoría calificada del Pleno del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande que preside Alberto Esquer, durante la sesión pública extraordinaria número 29, que tuvo verificativo al mediodía del martes 28 de febrero.
La concesión del servicio de recolección, traslado y disposición final de los residuos sólidos fue adjudicada de manera directa a la empresa Scraps, Trading and Recycling, S.A. de C.V., por un lapso de 25 años. Acto que Claudia Murguía, regidora de Acción Nacional, reprobó por no cumplir lo que estipula el artículo 104 de la Ley de Administración Pública del Estado de Jalisco, que obliga a que exista una convocatoria pública y un posterior concurso de licitación.
En el contrato se establece que, de entrada, anualmente el Municipio de Zapotlán el Grande está comprometido a pagarle 21 millones 996 mil pesos. Un día antes, en sesión ordinaria de las comisiones edilicias de Hacienda, Ecología y Salud Pública, se informó que anualmente el servicio de aseo público le cuesta al erario municipal la cantidad de 20 millones 518 mil 300 pesos.
Este aspecto Alan Pinto del PRI lo describió como un “contrato leonino”, donde todas las ventajas serán recibidas por el concesionario, entre ellas una prórroga que le permitiría extender el convenio ante los tribunales por otros 25 años; “lo que significa que estamos comprometiendo el servicio de aseo público en Zapotlán por medio siglo”, expresó el edil.
En la controversial discusión de la iniciativa, el tricolor Roberto Mendoza enfatizó que la privatización de la recolección de basura atenta contra el artículo 115 constitucional, donde se manifiesta que un ayuntamiento está obligado a garantizarles a los ciudadanos servicios públicos de calidad.
El punto de acuerdo motivado por la regidora Laura Elena Martínez, también especifica que los 79 trabajadores que componen la plantilla de Aseo Público deberán firmar su renuncia como servidores públicos, para, presuntamente, ser contratados por Scraps, Trading and Recycling con las mismas prestaciones que recibían por parte del gobierno municipal.
De igual forma, se votó la salida de Zapotlán el Grande del organismo público descentralizado Simar Lagunas, que conformaba junto a Gómez Farías y Amacueca, y que perseguía como meta crear un vertedero intermunicipal.
La extinción de Aseo Público fue votada por la totalidad de la fracción de Movimiento Ciudadano (11 ediles), el ex panista Eduardo González y la sorpresiva aprobación de Eugenia Margarita Vizcaíno del Partido Verde Ecologista.
En contra estuvieron Claudia Murguía, los priistas Roberto Mendoza y Alan Pinto, así como José Luis Villalvazo de Morena.
Cuestionan las ventajas que recibirá la empresa
Un día después de la sesión extraordinaria, Murguía, Mendoza y Pinto convocaron a rueda de prensa donde refrendaron los posicionamientos hechos ante el Pleno, y sugirieron que la radical decisión de la regidora del Partido Verde se debía a una intimidación.
Los ediles, destacaron que el dictamen final para la firma del convenio omite detalles fundamentales como la forma en que operará Scrabs, Trading and Recycling, en aspectos relacionados con el parque vehicular que utilizarán, la cantidad de contenedores y su horario de trabajo.
Pusieron especial énfasis en el manejo final de los residuos, ya que el principal argumento del alcalde de Movimiento Ciudadano es que el vertedero municipal actualmente cuenta con una vida útil de tres años y tiene observaciones de parte de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, por incumplir normas ecológicas.
La empresa concesionada no ha especificado en qué lugar establecería un nuevo relleno sanitario y si éste contaría con las especificaciones para evitar daños ambientales.
Cabe mencionar que durante la discusión del dictamen en comisiones, Carlos Agustín de la Fuente, encargado de la Hacienda Municipal, comentó que en el contrato que se pretendía aprobar no se contemplaba que el Gobierno Municipal recibe anualmente 1 millón 200 mil pesos por concepto del servicio de recolección a la iniciativa privada.
Este dinero dejaría de entrar a la tesorería e iría a parar también a manos del concesionario. Los regidores de oposición afirmaron que el dictamen final no considera dicha observación.
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