Punto por Punto, Sábado 29 de abril de 2017
*Los extraños intereses cafés
En al asunto de la detención de camiones urbanos en Ciudad Guzmán, llama la atención la actitud que ha tomado la autoridad municipal, que extrañamente lanza culpas a diestra y siniestra, pero no dice por qué está permitiendo que se viole la Ley ni el porqué no ha actuado en ese sentido como rigurosamente lo hace con un ciudadano común y corriente.
La Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco es muy clara al afirmar que es la encargada de regular la movilidad y el transporte en el estado de Jalisco, así como los derechos y obligaciones de los sujetos de la movilidad, para establecer el orden y las medidas de seguridad, control de la circulación vehicular motorizada y no motorizada de personas, bienes y servicios, en las vías públicas abiertas a la circulación que no sean de competencia federal.
En el documento también se asienta que es la Secretaría quien concede la autorización por el tiempo que establece esta ley para la prestación de servicios de transporte; de igual manera es esa dependencia quien regula el trayecto con origen y destino que podrá ser troncal, alimentadora, integrada a un corredor o formar parte de una cuenca de servicio.
Pero en Zapotlán no ha ocurrido esto desde hace décadas y por el contrario, el parque vehicular de los transportistas ha ido en aumento y si bien, varios de ellos han sobresalido por brindar un servicio de calidad, no se han preocupado por ponerle placas a sus camiones, por tramitar un permiso y con ello desde luego no hay un seguro para los pasajeros ni para los autos particulares que circulan a su lado, por ello los aparatosos operativos de la Secretaría de Movilidad para detener a los camiones que en Zapotlán están circulando sin placas, sin permiso alguno.
Lo deja muy claro el Artículo 6 de la citada Ley: “El ordenamiento y regulación de la movilidad y transporte tiene como principal finalidad la satisfacción de las necesidades sociales, garantizando la integridad y el respeto a la persona, a su movilidad, a sus bienes, a los del Estado y municipios, así como al medio ambiente y al patrimonio cultural del Estado”.
Extrañamente en el gobierno de Zapotlán no han querido entender que se trata de un asunto de legalidad, y además de repartir culpas y manejar el tema como un asunto político, intervienen en los operativos llevando regidores, al secretario general, al personal de comunicación social y a un nutrido grupo de reporteros afines al presupuesto municipal para producir una versión a conveniencia.
Ahí está el lamentable caso del secretario general del Ayuntamiento, quien a gritos exigía la liberación de los camiones “cafés” y sin que nadie se lo preguntara vociferaba que no tenían un interés particular en el asunto, pero solamente abogaba por esa línea de transporte que ha sido afín al gobierno municipal apoyándole desde la campaña y en el traslado de acarreados… a explicación no pedida, culpa aceptada.
Ahí está también la muestra de cómo a una sola línea el Ayuntamiento la ha favorecido con rutas cómodas y paradas especiales, hecho que nunca antes se había visto en Zapotlán…
Y es que cualquier persona que posea un vehículo, sabe muy bien que no puede salir a la calle sin portar placas de circulación, pues de inmediato le caen encima los agentes de Tránsito Municipal, los uniformados de Seguridad Pública o personal de la Fiscalía del Estado, es una norma que todo automovilista y desde luego transportista, debe cumplir.
Así las cosas, sería recomendable entonces que esa energía y derroche de recursos de los funcionarios municipales fuera canalizada para ayudar a los transportistas a poner sus documentos en regla; a cumplan lo establecido por la Ley para que al final sean los usuarios quienes resulten beneficiados con un transporte que además de calidad, cuente con todas las normas de seguridad para sus pasajeros y los automóviles que circulan a su lado, pues con prepotencia y acusaciones falsas a diestra y siniestra no van a solucionar este conflicto que a los dueños de los camiones les representa una pérdida de seis mil pesos al día por cada camión.
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