CIUDAD GUZMÁN, JAL.— La aprobación del proyecto para reorganizar banquetas y estacionamientos en el centro de Zapotlán el Grande no solo generó inconformidad social y política, también encendió alertas sobre su posible ilegalidad por la forma en que se votó.
Durante la sesión de cabildo, el dictamen obtuvo siete votos a favor, siete en contra y dos abstenciones, entre ellas la de los regidores Adrián Briseño y Dunia Cruz Moreno. A pesar de este resultado, la presidenta municipal Magali Casillas dio por aprobado el proyecto, lo que fue cuestionado por regidores de oposición, quienes señalaron que no se cumplió con lo que marca la ley.
El punto clave es sencillo. Para aprobar un acuerdo no basta con empatar. De acuerdo con el Artículo 35 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, las decisiones deben tomarse por mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los integrantes presentes. En esta sesión había 16 regidores, por lo que se necesitaban al menos nueve votos a favor. Solo hubo siete.
A nivel local, el Artículo 129 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande establece cómo deben contarse los votos. Bajo esta regla, las abstenciones como la de Briseño sí forman parte del total de asistentes. No pueden ignorarse para forzar un empate ni para justificar una decisión posterior.
“El problema no es político, es legal: sin mayoría no hay acuerdo”, expresó durante la sesión de cabildo el regidor Óscar Murguía.
Aquí está la controversia. La presidencia trató el resultado como un empate que podía resolverse con su voto de calidad. Sin embargo, esto es discutido porque ese recurso solo aplica cuando ya existe una votación válida. En este caso, al no alcanzarse la mayoría necesaria, varios especialistas consideran que ni siquiera debió llegarse a ese punto.
En términos simples, si no hay los votos suficientes, el acuerdo no debería aprobarse.
Esto abre la puerta a que la decisión sea impugnada o incluso anulada, ya que podría haberse violado el principio de legalidad en la toma de decisiones del ayuntamiento.
Mientras tanto, el proyecto contempla la eliminación de espacios de estacionamiento para ampliar banquetas en el centro. Esto ya genera preocupación entre comerciantes y habitantes de la zona, quienes temen afectaciones económicas y cuestionan la forma en que se aprobó.
Por ahora, la obra sigue adelante con un presupuesto estimado de 12 millones de pesos y un plazo de ejecución de 120 días, aunque persisten las dudas sobre sus efectos urbanos y sobre si realmente fue aprobada conforme a la ley.
