Para el actual Gobierno de Zapotlán el Grande, que encabeza la presidenta municipal Magali Casillas, robar no es un delito, pero dar a conocer el monto de lo robado, sí. Es una situación que debe preocupar a todos los habitantes de la ciudad, ya que se deja un precedente de corrupción, y, sobre todo, de protección a delincuentes, además de un ataque a quienes informan con veracidad y de forma oportuna.
Lo ocurrido el jueves 6 de agosto al interior del Cabildo de Zapotlán es un hecho insólito en nuestro municipio, pues si bien se habían llevado a cabo sesiones a puerta cerrada en ocasiones anteriores, nunca antes se había obligado a los regidores a firmar un acuerdo de confidencialidad, cuya única finalidad es ocultar el desfalco en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Zapotlán (SAPAZA).
Habría que mencionar que justo un día antes de que el Gobierno de Zapotlán llevara a cabo una reunión en lo oscurito, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó un decreto para fortalecer la transparencia en todas las entidades del Gobierno, con el objetivo de ampliar el acceso ciudadano a la información pública y reforzar la rendición de cuentas.
Según lo informado en la conferencia de prensa matutina del miércoles 5 de agosto del 2026, la medida busca establecer criterios homogéneos para la publicación de información gubernamental y reducir la discrecionalidad con la que las dependencias determinan qué datos permanecen reservados.
El gobierno federal señaló que el decreto fortalece el principio de máxima publicidad previsto en la Constitución y obliga a publicar información adicional sobre el ejercicio de los recursos públicos. También moderniza la Plataforma Nacional de Transparencia para facilitar la consulta ciudadana.
Según eso, el decreto elimina la discrecionalidad de los funcionarios para reservar información. A partir de ahora, solo se podrá clasificar un documento por motivos de interés público o seguridad nacional.
Sin embargo, parece ser que la presidenta municipal de Zapotlán no lo ha entendido y no solamente obliga a los regidores a guardar secreto sobre lo que se dice en las sesiones, sino que también amenaza a los medios de comunicación por dar a conocer detalles sobre el desfalco millonario en el SAPAZA, que asciende a más de dos millones y medio de pesos.
Asimismo, hay que recordarle que los acuerdos de confidencialidad aplican solamente para los secretos comerciales y contables, para la tecnología computacional, el marketing y la elaboración de recetas médicas o tecnologías, no para cubrir un acto de corrupción.
Por eso hay que dejarlo bien claro: en vez de lanzar amenazas contra los medios de comunicación, en lugar de aventar “la papa caliente” reclamando desfalcos en obras de administraciones anteriores, lo más decoroso es que le haga honor al cargo que el pueblo le confirió y castigue cualquier mal manejo de recursos que se estén presentando; pero que lo haga en público, no en la opacidad, con la puerta cerrada, pues, de esa forma, solo demuestra complicidad.
