La llamada Ley Antimemes ha abierto un debate relevante sobre los límites entre la protección de la propiedad intelectual, la defensa de la identidad institucional y el ejercicio de la libertad de expresión en entornos digitales, pero, sin duda alguna, representa un grave riesgo para la Libertad de Expresión pues trastoca situaciones como el derecho a la parodia, la caricatura política y hasta el propio ejercicio periodístico.
El término del meme no aparece formalmente en los textos legales, su uso público refleja la preocupación de diversos sectores ante la posibilidad de que una reforma dirigida a combatir fraudes, falsificaciones y usos indebidos de símbolos oficiales termine afectando prácticas legítimas y estipuladas en la Constitución como la crítica, la sátira, la parodia y la participación ciudadana en el debate.
En la parte oficial, el argumento de los legisladores es que la tecnología multiplicó las formas de falsificar productos, distribuir obras sin autorización y engañar a las personas, claro que hay algo de razón en esto, en internet por ejemplo, existen personas que se hacen pasar por bancos, empresas e incluso por funcionarios o dependencias gubernamentales para cometer fraudes con la supuesta ayuda de algún trámite, pues, se han documentado casos donde se clonan las páginas oficiales, envían mensajes falsos y aprovechan la confianza de la gente, situaciones en los que esa reforma podría ser de gran beneficio.
Sin embargo, proteger a las instituciones no significa protegerlas de las bromas, de los memes o de la crítica, y menos en un país donde la caricatura política y la parodia han tomado auge en los últimos años.
Lo grave de esta nueva legislación es que quieren imponer 6 años de prisión a quienes compartan imágenes, audios o videos sin consentimiento, con especial énfasis en aquellos que “ridiculicen” a funcionarios; y duplicando la pena si la víctima es servidor público.
Ya en Zapotlán hemos visto constantes intentos de atentar contra la Libertad de Expresión, desde alcaldes que mandan a retirar medios impresos en los puestos de periódicos, hasta los que intentan demandar a quienes difunden información sobre desfalcos y malos manejos en la administración pública.
Por eso hay que decirlo de manera directa, una democracia necesita de ciudadanos que puedan opinar con total libertad, que cuestiones y exijan la honestidad, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio del servicio público, no a esos que hacen reuniones a puerta cerrada y protegen los desfalcos en los Organismos Públicos Descentralizados.
