Por Alejandra Andrade
En Zapotlán hay una constante que empieza a ser más preocupante que cualquier estudio científico. La facilidad con la que se pone en duda lo que advierte posibles riesgos a la salud. Aquí no se habla de datos lejanos ni de discusiones especializadas, sino de algo cotidiano y esencial. Lo que la gente come y lo que la gente bebe todos los días.
En 2023, durante la administración de Alejandro Barragán, un estudio alertó sobre la posible presencia de químicos en alimentos de consumo habitual. No era un señalamiento menor. La exposición constante a ciertos compuestos puede provocar daños acumulativos, afectar el sistema nervioso, alterar procesos hormonales o derivar en enfermedades crónicas. A pesar de ello, la respuesta oficial no se centró en estos posibles efectos, sino en restarle peso al estudio. Se dijo que faltaban muestras, que no era concluyente y que no se podía determinar con certeza el origen de la contaminación.
Tres años después, en abril de 2026, bajo el gobierno de Magali Casillas y con Yuritzi Hermosillo Tejeda al frente de SAPAZA, la preocupación cambió de lugar, pero no de fondo. Un estudio realizado por la Universidad de Guadalajara advirtió la posible presencia de coliformes fecales en el agua potable. En este caso, el riesgo es inmediato. Este tipo de contaminación puede provocar infecciones gastrointestinales, diarreas, vómitos y complicaciones más graves en sectores vulnerables como niñas, niños y personas mayores.
La reacción institucional volvió a tomar un camino conocido. En vez de enfocarse en el posible impacto en la salud, se cuestionó la forma en que se realizó el estudio. Se habló de errores metodológicos, de muestras mal tomadas y de incumplimiento de normas. Incluso se sugirió que la información podía generar alarma innecesaria en la población.
Las dos situaciones son pilares básicos de la vida cotidiana y cualquier señal de riesgo debería atenderse con la mayor seriedad posible sin excusas innecesarias.
Sin embargo, en ambos momentos la discusión se desplazó hacia el mismo punto. No hacia el posible daño a la salud, sino hacia la credibilidad del estudio.
La ciencia necesita rigor, eso es indiscutible. Pero cuando ese rigor aparece principalmente para desacreditar alertas, también puede funcionar como una forma de evitar asumir responsabilidades. En temas de salud pública, la duda no debería jugar en contra de la prevención.
Lo que sucedió en 2023 y lo que ocurre en 2026 deja una sensación difícil de ignorar. No importa si cambia el tema o la administración, la respuesta se mantiene. Y en medio de esa repetición a la población no le queda de otra más que continuar con su rutina sin ser por lo menos advertidos de los riesgos a los que están expuestos.
