Si bien las acciones de violencia provocadas por el narcotráfico provocaron, además de caos, enormes pérdidas económicas, la presidenta municipal de Zapotlán, Magali Casillas, las fortaleció con una sola publicación en redes sociales, pues tres días después de los hechos del 22 de febrero, los centros comerciales volvieron a cerrar sus puertas, la gente se resguardó en sus casas y la actividad económica y educativa de nueva cuenta quedó totalmente paralizada.
El llamado de alerta surgió luego de que un grupo de hombres hiciera disparos en el ingreso al municipio de Tuxpan, cuando pasaba por la zona una camioneta de la Guardia Nacional, lo que provocó una intensa movilización de unidades de emergencia y, además, el rumor de nuevos bloqueos y enfrentamientos.
Al parecer sin corroborar los hechos, Magali Casillas emitió un comunicado en la cuenta oficial del Ayuntamiento donde exhortaba a la ciudadanía a resguardarse en sus viviendas y evitar traslados innecesarios como consecuencia de los hechos ocurridos en Tuxpan, una localidad con la que ni siquiera se tiene colindancia. Esto provocó que, de inmediato, decenas de negocios comenzaran a cerrar sus puertas, el tianguis detuvo actividades y hasta las escuelas suspendieron clases, pero la realidad es que el municipio estaba en completa calma.
Haciendo un poco de historia, habrá que decir que, por cuarta ocasión en la historia reciente, el Sur de Jalisco ha sido víctima de ataques terroristas: los narcobloqueos que provocan pánico entre la población y afectan la salud y la economía de los jaliscienses.
Y si bien en la mayoría de los municipios sureños (salvo Tapalpa) no se registraron víctimas mortales, lo más lamentable de esta situación fue el desempeño de la autoridad municipal, que omitió su obligación de proteger a la ciudadanía y peor aún, cuatro días después Casillas seguía esparciendo el pánico.
Vale decir que un ataque terrorista es un acto que tiene como objetivo causar la muerte o lesiones físicas y/o psíquicas contra cualquier persona, o cuando el propósito, por su naturaleza o contexto, es intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, y ello es precisamente lo que ocurrió en nuestra región en los años 2012, luego en el 2015, en 2024 y este en el 2026.
El primero tuvo lugar en el mes de septiembre del año 2012, cuando se registraron 28 bloqueos en diferentes partes del estado con un total de 36 vehículos incendiados.
El segundo se registró el viernes 1 de mayo del año 2015, cuando varios municipios de la región Sur sufrieron ataques a establecimientos comerciales y algunas carreteras registraron bloqueos e incendios de vehículos.
En esa fecha fueron atacadas sucursales bancarias en Ciudad Guzmán, Zapotiltic y Tamazula como las de Bancomer y Banamex en Plaza Zapotlán y el Santander que esta contra esquina, las cajas populares de Tuxpan, la agencia de autos Nissan, además de bloqueos en las carreteras de la región y la autopista Guadalajara-Colima fue bloqueada en varios puntos con la quema de camiones de carga, vehículos repartidores de refrescos y productos de miscelánea.
Otro más ocurrió el 16 de febrero del año 2024, donde bloquearon el ingreso sur de Ciudad Guzmán y la Curva del Zapote, así como en la carretera a San Gabriel.
El cuarto es el ocurrido el domingo 22 de febrero del presente año, tras la captura y muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación en Tapalpa, el cual paralizó a todo el estado de Jalisco y provocó pérdidas millonarias tanto a empresas como a particulares e hizo que reinara el pánico entre los jaliscienses.
Hay que dejarlo bien claro: se trata de hechos detestables donde el ciudadano común no tiene ninguna culpa, pero en los cuales, las autoridades de los tres niveles de Gobierno debieron actuar con prontitud y no lo hicieron.
Y eso no es todo, pues tras dos días de miedo y sin suministros para alimentar a las familias, la presidenta municipal de Zapotlán fue mal asesorada por un rumor y canceló las actividades comerciales y educativas otros dos días más.
Por ello la alcaldesa debe responder si su forma de proteger a los habitantes de Zapotlán es escondiendo a su personal de Policía y Protección Civil y encerrar a los ciudadanos en sus casas, porque ese tipo de gobierno y de erróneos comunicados, es lo que menos queremos.
