CIUDAD GUZMÁN, JAL., (ES).- En medio de reclamos ciudadanos, tensiones políticas y acusaciones de ilegalidad, el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande aprobó un proyecto de intervención urbana que transformará la movilidad en el primer cuadro de la ciudad. La propuesta contempla la ampliación de banquetas y la reorganización de espacios de estacionamiento, una medida que, aunque es presentada como un avance hacia la accesibilidad universal, ha generado preocupación entre comerciantes y habitantes de la zona.
La iniciativa impactará vialidades clave como Humboldt, Javier Mina y Santos Degollado, donde se prevé modificar la distribución del espacio público. Uno de los cambios más discutidos es la sustitución del estacionamiento situado en las calles Ramón Corona y Marcos Gordoa. De acuerdo con el arquitecto Miguel Barrera, responsable del proyecto, esta reconfiguración permitiría incrementar el número de cajones disponibles; sin embargo, la ampliación de banquetas —que alcanzarían hasta 2.64 metros de ancho— implicará la eliminación de zonas de carga y descarga, afectando directamente la operación de establecimientos comerciales.
Durante la sesión de cabildo, el debate evidenció posturas encontradas. Por un lado, la presidenta municipal Magali Casillas y la regidora Marisol Mendoza defendieron el proyecto al señalar que las condiciones actuales del centro representan un riesgo para peatones, particularmente para personas con discapacidad, debido a banquetas estrechas y rampas inadecuadas. En contraste, regidores de oposición como Higinio del Toro, Óscar Murguía y José Bertín Chávez cuestionaron la viabilidad del plan, argumentando falta de claridad en la redistribución de espacios y posibles afectaciones económicas. También advirtieron que la instalación de parquímetros en calles como Zaragoza impactaría directamente a residentes de la zona.
La aprobación del dictamen se dio en un contexto aún más polémico. Con una votación dividida —siete votos a favor, siete en contra y dos abstenciones—, la presidencia municipal determinó avalar el proyecto, lo que fue señalado por regidores opositores como una decisión fuera del marco legal, al no alcanzarse la mayoría requerida. El regidor Óscar Murguía calificó el procedimiento como una violación a la normativa, mientras que la sesión concluyó entre confrontaciones verbales y consignas de comerciantes.
El proyecto, que tendrá un costo estimado de 12 millones de pesos, seguirá adelante con un plazo de ejecución de 120 días, en medio de un escenario de incertidumbre sobre sus implicaciones sociales, económicas y legales para el centro de la ciudad.
