*Las Autoridades de Ciudad Guzmán Solo Recogen los Cuerpos, Pero no Frenan la Violencia Contra la Mujer
CIUDAD GUZMÁN, JAL., (ES).- Zapotlán el Grande enfrenta una problemática de violencia contra las mujeres que no puede minimizarse. El municipio forma parte de los territorios de Jalisco considerados dentro de las acciones de atención a la violencia de género, pero los asesinatos y muertes de mujeres ocurridos en Ciudad Guzmán durante los últimos meses vuelven a poner bajo la lupa la capacidad de las autoridades para prevenir, investigar y sancionar estos hechos.
El 29 de agosto de 2026, una mujer de 33 años, vecina de Ciudad Guzmán, fue localizada sin vida en una brecha a un costado de la autopista Guadalajara-Colima, cerca del kilómetro 86, en una zona aislada al poniente del municipio.
El hecho tiene similitudes con lo ocurrido el 12 de septiembre de 2025, cuando otra mujer fue encontrada sin vida, después de varios días de evolución cadavérica, en un camino de terracería de la colonia Tlayolán. Ninguno de los dos casos fue clasificado como feminicidio y, hasta ahora, no se han dado a conocer públicamente avances suficientes de las investigaciones.
A estos expedientes se suman el de una mujer de la tercera edad encontrada ahogada en una pileta el 11 de febrero de 2025 y el asesinato de una menor de edad ocurrido el 24 de julio de ese mismo año en la colonia Nueva Luz. Tampoco en estos hechos se han informado públicamente resultados suficientes ni, en el caso de la menor, una persona detenida.
En contraste, el feminicidio ocurrido el 7 de julio de 2026 en el centro de Zapotlán, sí derivó en una investigación penal. La Fiscalía del Estado informó que Manuel Salvador “N” ejerció violencia física y verbal de manera sistemática contra su pareja desde marzo de 2025, hasta que la privó de la vida mediante asfixia por ahorcamiento. Aunque el señalado ya fue detenido y vinculado a proceso, el caso deja al descubierto que la violencia no comenzó el día del crimen. Este expediente expone con contundencia la falta de una ayuda oportuna por parte de las autoridades, quienes fallaron en intervenir y proteger a la víctima antes de su asesinato, a pesar de que el maltrato sistemático se registraba desde el año pasado.
La obligación de las autoridades no se limita al levantamiento de un cuerpo; su verdadero deber radica en detectar y atender la violencia antes de que sea fatal, garantizar la seguridad de las víctimas y perseguir con firmeza a los agresores. Sin embargo, la acumulación de carpetas de investigación pendientes demuestra una parálisis institucional que perpetúa la impunidad, evidenciando de forma devastadora que el sistema les falla a las mujeres tanto en vida como después de muertas.
